Opinión del lector: La "Ley Mordaza" y el peligro de retroceder en democracia

Por Sandra Leiva Poveda, presidenta Consejo Regional Los Ríos, Colegio de Periodistas de Chile

El proyecto que modifica los artículos 161-A y 161-B del Código Penal, presentado como una norma de protección de datos judiciales, representa un serio retroceso en las garantías democráticas de Chile. Se presentó como una iniciativa para proteger la reserva de datos en procesos penales, no obstante, este proyecto castiga la difusión de información de interés público por parte de periodistas y medios de comunicación. Su aprobación implicaría penalizar el ejercicio legítimo del periodismo y debilitar gravemente el derecho de la ciudadanía a informarse.

El problema es que desconoce principios jurídicos básicos, normas constitucionales y estándares internacionales suscritos por el Estado de Chile y lo más grave es que extiende la penalización más allá de quienes tienen deber de confidencialidad, apuntando directamente a periodistas, medios y ciudadanía.

El Código Procesal Penal es claro. El artículo 12 establece quiénes son intervinientes: fiscal, imputado, defensor, víctima y querellante. Solo estas personas están sujetas a deberes procesales, como el secreto de la investigación, regulado en el artículo 182 y fuera de ellos, nadie actúa dentro del proceso judicial. Los periodistas no son parte del procedimiento, no acceden a la carpeta investigativa por mecanismos institucionales, y su rol es precisamente garantizar el escrutinio público de los actos del poder.

Además, el artículo 182 del mismo código ya contempla la posibilidad de decretar secreto de una investigación, pero con límites definidos, es decir que afecta solo a los intervinientes y por un plazo establecido, con control del tribunal de garantía. La llamada “Ley Mordaza” pretende extender ese secreto a la prensa, sin límite temporal, sin control judicial y sin distinción del tipo de información involucrada. Es un atentado a la publicidad de los actos del poder y a la fiscalización social.

Por su parte, se suma el artículo 246 del Código Penal, que sanciona a funcionarios públicos que revelan indebidamente información sujeta a reserva. Es decir, ya existen herramientas normativas para sancionar filtraciones indebidas. Crear una nueva figura penal para castigar a quienes difunden información que les ha sido entregada o a la que acceden por fuentes legales, equivale a castigar al mensajero en vez del infractor.

Chile ha suscrito tratados internacionales que forman parte de su bloque constitucional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, en asuntos de interés público, el derecho a informar y a ser informado prevalece incluso frente a derechos como la honra o la vida privada, cuando se trata de autoridades o figuras públicas. A su vez, el artículo 19 Nº12 de la Constitución Política, junto al artículo 5 de la Ley de Prensa, consagra la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa. 

La llamada “Ley Mordaza” desconoce estos marcos normativos y contradice las recomendaciones de organismos como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, que ha instado a Chile a fortalecer y no restringir, los estándares de libertad de prensa.

Si esta ley hubiera estado vigente, casos emblemáticos como Hermosilla, los sobresueldos, el fraude en Carabineros, la colusión de farmacias, el financiamiento irregular de la política o los abusos en hogares del SENAME habrían sido silenciados o perseguidos penalmente. No se habría sancionado a los responsables, sino a quienes intentaron investigar estos hechos de interés público.

Es inaceptable avanzar en esta ley. La libertad de expresión y el derecho a la información es pilar de toda sociedad libre. Sancionar a quienes revelan hechos que afectan el interés público desincentiva el periodismo de investigación, fomenta la corrupción y normaliza la impunidad.

Es inaceptable que Chile apruebe normas que abran paso a un régimen de control comunicacional similar al de Venezuela o Nicaragua, donde leyes como la de Responsabilidad Social en Radio y TV, la Ley del Odio o la Ley de Imprenta han sido utilizadas sistemáticamente para censurar la disidencia, perseguir a la prensa independiente y controlar el debate público.

Nuestro país debe asegurar una legislación que fortalezca la transparencia, proteja a las fuentes y garantice el acceso a la información. El Senado tiene la obligación de frenar el avance de la Ley Mordaza porque la ciudadanía tiene derecho a ser informada. Por la democracia, que requiere fiscalización pública. Por la memoria reciente de un país que ya vivió las consecuencias del silencio amordazado.  Recibe nuestras noticias en: WhatsApp | Instagram | Newsletter.